1. Introducción

La segunda mitad de la década de los ‘90 en América Latina se caracteriza por un sostenido incremento de la protesta social y por la emergencia y consolidación de movimientos sociales y populares que alcanzan una significación nacional e internacional.Resulta ciertamente difícil analizar este ciclo de protestas sin entender que el mismo se inscribe en el campo de fuerzas resultante de las regresivas transformaciones estructurales forjadas por la implantación del neoliberalismo en nuestros países.

Los años ‘90 abrieron paso a una renovada mundialización capitalista en su forma neoliberal. Su impacto en América Latina es por demás notorio y profundo. Profundizando un proceso iniciado en las décadas anteriores y de la mano del “Consenso de Washington”, la adopción de las políticas neoliberales pareció generalizarse en toda la región y asumir una nueva radicalidad. Repasemos rápidamente algunas de sus encarnaciones presidenciales: Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Salinas de Gortari en México, Collor de Melo y luego Cardoso en Brasil, Gaviria en Colombia, Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Por otra parte, con la derrota del Sandinismo en Nicaragua (1989) y los acuerdos de paz en El Salvador y Guatemala se cerraba el ciclo de insurgencia social y “guerra civil” en Centroamérica.

Lejos de las falacias del pensamiento único, la aplicación de estas políticas enfrentó resistencias y protestas. Valga mencionar que en la primera mitad de la década de los ‘90 dos presidentes latinoamericanos (Collor de Melo en Brasil y Carlos Andrés Pérez en Venezuela) debieron abandonar de manera “imprevista” sus cargos como resultado, entre otras cuestiones, del creciente malestar y repudio social. Sin embargo, en el contexto regional, las resistencias sociales a la aplicación del recetario neoliberal en la primera mitad de los ´90 presentaron una configuración mucho más fragmentada en términos sociales y más localizadas en términos sectoriales y territoriales que las precedentes. Por otra parte, la hegemonía del pensamiento único en el campo intelectual de las disciplinas sociales a nivel regional significó el desplazamiento de la problemática del conflicto y de los movimientos sociales del espacio relativamente central que la misma había tenido en las décadas pasadas –aunque desde perspectivas diferentes– a un lugar casi marginal y empobrecido.

A lo largo de la segunda mitad de dicha década se despliega en América Latina un nuevo ciclo de protestas sociales orientadas al cuestionamiento del modelo neoliberal. Vale señalar –en coincidencia con otros análisis– como despertar de este ciclo al levantamiento zapatista de principios de 1994.
Este ciclo de protestas aparece claramente reflejado en el incremento de la conflictividad social que se desprende del relevamiento realizado por el Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO) en diecinueve países de la región latinoamericana (ver cuadro adjunto). Allí puede apreciarse, por ejemplo, que considerando lo datos referidos a los cuatrimestres mayo-agosto de los años 2000, 2001 y 2002, el número de conflictos se incrementa para el primer período anual un 180% y para el segundo un 11%. Ciertamente, esta profundización de la conflictividad social expresa la doble crisis que cuestionaba al régimen neoliberal: la crisis económica de carácter recesivo que parece extenderse a nivel regional e internacional y la crisis de la legitimidad que el mismo pareció conquistar –aún de manera inestable– en la primera mitad de la década.

Pero, sin duda, este ciclo de protestas no sólo se refleja en términos cuantitativos. Vale señalar que en la segunda parte de los ‘90 la región latinoamericana aparece atravesada por diferentes confrontaciones sociales de significación nacional. A manera de ejemplo podemos mencionar, entre otras experiencias, a la “Guerra del Agua” cochabambina y las luchas del movimiento cocalero en el Chapare boliviano; a los levantamientos indígenas impulsados por la CONAIE en Ecuador en 1996 y en 2000 que culminan en ambos casos con la caída de los gobiernos; a la emergencia y extensión del movimiento de trabajadores desocupados en Argentina y las movilizaciones y protestas que desencadenaron la renuncia del gobierno en los finales de 2001; a las iniciativas de ocupaciones de tierras masivas de carácter nacional acometidas por el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) en Brasil; a las movilizaciones campesinas en Paraguay que habrán de jugar un rol importante en la caída del presidente Cubas Grau; a las intensas protestas sociales en Perú (particularmente la experiencia de la Frentes Cívicos regionales) que signarán el fin del régimen de Fujimori; y, claro, al movimiento zapatista.

Por otra parte, también vale señalar que este incremento de la protesta social en Latinoamérica se desarrolla de manera casi simultánea al crecimiento de la luchas en otras regiones del planeta (particularmente en Europa y, en menor medida, en América del Norte y Asia), procesos que están a la base de la constitución de lo que los mass media bautizaron como movimiento “antiglobalización” o “globalifóbicos” o, para decirlo en nuestros términos, del movimiento antimundialización neoliberal.

El señalamiento del desarrollo de este ciclo de protestas sociales en la región, ciertamente no homogéneo ni lineal aunque sí lo suficientemente extendido como para referirlo de magnitud regional, nos plantea un hecho que requiere su problematización. Nos interroga sobre la configuración específica de estas protestas, sobre la naturaleza de las fuerzas que en el enfrentamiento se constituyen, sobre los sujetos colectivos que las encarnan.

El presente artículo intenta presentar algunos elementos de análisis que, esperamos, permitan avanzar en la respuesta de estos interrogantes. Este trabajo expone de forma sucinta algunas de las características más salientes del ciclo de protestas referido y de los sujetos y movimientos sociales que se despliegan en el escenario latinoamericano. La primera parte del mismo enuncia las dimensiones de la crisis del modelo neoliberal en América Latina en la que éste ciclo germina y se consolida. En segundo lugar centramos nuestra atención en algunas de las características más salientes que distinguen a estos movimientos sociales y populares que caracterizan hoy el panorama político y social regional y la dinámica de los conflictos que éstos impulsan. A continuación abordamos los conflictos más relevantes acontecidos a lo largo de los años 2002 y 2003 en Latinoamérica. Finalmente analizamos los procesos de militarización social que se despliegan en la región como intentos de profundizar los rumbos neoliberales y las convergencias continentales que emergen en la confrontación con estas tentativas.


2. Las dimensiones de la crisis del neoliberalismo

Como señaláramos en la introducción de este trabajo, América Latina conoce a partir de mediados de la década de los ‘90 a un nuevo ciclo de protestas, caracterizado por el cuestionamiento a las políticas neoliberales y a los profundos y devastadores efectos que las mismas han tenido en la mayoría de los países de la región. Este renovado dinamismo de la conflictividad social –que también tuvo su correlato a escala internacional con la aparición del movimiento contra la mundialización neoliberal– sacudió el escenario político latinoamericano y puso en entredicho las visiones más optimistas que preconizaban una consolidada “paz social” en la región, obtenida –a entender de los portavoces políticos e intelectuales del neoliberalismo– gracias a las bondades de una economía de mercado a resguardo de todo cuestionamiento social.

Antes de focalizar nuestra atención en la presentación y en el análisis de las características más salientes de los conflictos sociales en curso y de las dinámicas y movimientos que despuntan en el escenario regional, creemos importante presentar someramente el contexto de la crisis neoliberal en la que germinan, desarrollan y a la que potencian, en consonancia con la dialéctica inherente al proceso histórico, dichos movimientos de protesta.

Por una parte las luchas sociales en curso expresaron y expresan la profunda crisis de legitimidad política que atraviesa a las instituciones neoliberales en la región y a escala mundial. América Latina ha conocido vigorosos movimientos de protesta políticos que, en muchos casos asociados a la lucha contra las políticas de ajuste y a la denuncia de la corrupción política y económica inherente a los procesos de financiarización y “mercantilización de la vida”, han significado la destitución de presidentes constitucionales en Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina. El notorio descenso de la participación en los proceses electorales en numerosos países y la creciente incapacidad del sistema democrático-representativo de dar cuenta de las expectativas de cambio de vastos sectores sociales (señalada comúnmente como la expresión más notoria de la “crisis de legitimidad política”) son otros aspectos complementarios de esta realidad. En el mismo sentido cabe señalar el creciente desprestigio y repudio que han cosechado en los años recientes las instituciones internacionales promotoras de la actual política de mundialización: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Interamericano de Desarrollo; particularmente responsables en las dos últimas décadas –a través de la implementación de los principios rectores del “Consenso de Washington”– de la difusión en América Latina del “régimen de acumulación financiarizado”.

La perduración del ciclo de protestas expresa el agotamiento del modelo que adoptó el capitalismo en su versión neoliberal en la década de los ‘90. Esta segunda dimensión de la crisis se expresó en los sucesivos temblores financieros que recorrieron buena parte del globo a partir de 1997 y que se prolongaron hasta alcanzar hoy al conjunto de los países desarrollados bajo los efectos de una creciente recesión económica que parece adoptar un carácter internacional.
Durante las precedentes crisis en la región (México en 1994 y Brasil en 1999) los efectos de las mismas pudieron ser parcialmente acotados gracias a la inyección masiva de préstamos del FMI resultante de la decisión política de los gobiernos de los países centrales (fundamentalmente de Estados Unidos). El dinamismo de la economía internacional aún imperante en aquellos años (liderado por la “locomotora norteamericana”) facilitó el masivo salvataje de las dos mayores economías de la región, al igual que sucediera en Rusia, Turquía y el sudeste asiático, pero al precio de una profundización de las recetas ortodoxas. Los efectos de las mismas arrojaron modestos o negativos índices de crecimiento para los años 2001 y 2002 en las economías de América Latina y abrieron el nuevo ciclo de protestas sociales que nos interesa aquí analizar, asestando un duro golpe a la legitimidad de las políticas neoliberales.

En concomitancia con lo anteriormente señalado, un creciente malestar social en relación a las promesas incumplidas de la “cultura del mercado” parece constituir otra dimensión de las dificultades que afronta el modelo neoliberal. Esta dimensión –que podríamos denominar como ideológico-cultural– tuvo un rol decisivo en la legitimación de las políticas de mercado desde inicios de los años ‘80 y sirvió –como un bálsamo de asombrosas propiedades– a legitimar, entre otras, las sucesivas olas privatizadoras que recorrieron el continente. La exaltación de la propiedad privada en desmedro de la propiedad social y/o pública y la mercantilización a ultranza de la vida (recursos naturales, salud, jubilación, educación, hábitat, vivienda, tiempo libre y ocio, etc.) constituyeron durante años los principios rectores sobre los que se asentó y difundió el vasto consenso neoliberal. Hoy, luego del notorio fracaso del mercado como asignador “natural” y “universal” de recursos, este consenso parece haberse resquebrajado con la drástica polarización social producida por la concentración de la riqueza en Latinoamérica. Muchos de los movimientos sociales que se consolidaron en los últimos años en la región y sus experiencias alternativas de gestión de la vida, de recreación de espacios de sociabilidad y solidaridad no mercantil forjados en la dinámica de los conflictos sociales, parecen haber puesto en cuestión la otrora inquebrantable legitimidad ideológica de la sociedad de mercado.


3. Las principales características de los conflictos y de los movimientos sociales

El nuevo ciclo de protestas que cobra impulso a partir de mediados de la década del ’90 presenta características que las distinguen de aquellas de las décadas de los ‘60 y ‘70, pero también de las de los ‘80 e inicios de los ‘90. El primer hecho evidente resulta de que las organizaciones que las promueven y protagonizan son, en su amplia mayoría, por decirlo de alguna manera, jóvenes, es decir, han sido conformadas en las décadas pasadas.
Pero no se trata sólo de una cuestión que remite exclusivamente a la vida o historia organizacional de los movimientos sino también a ellos mismos. Lo que queremos decir es que la segunda mitad de la década de los ‘90 aparece signada por la consolidación, emergencia y extensión de movimientos sociales que tanto por sus características organizativas, como por sus formas de lucha, sus inscripciones identitarias, sus conceptualizaciones de la acción colectiva, sus entendimientos en relación al poder, la política y el Estado presentan particularidades que los distinguen de los precedentes.

Si hasta fines de la década de los ‘80 el conflicto asalariado keynesiano-fordista (y particularmente el conflicto industrial) constituyó uno de los ejes destacados de la conflictividad social en la región, las transformaciones estructurales en la economía y el impacto sobre los mercados de trabajo inducidos por el modelo de financiarización económica parecen haber disminuido (aunque no eliminado) el peso relativo de los sindicatos de asalariados como sujetos privilegiados del conflicto. El modelo de reprimarización económica –y la centralidad que en este contexto le cabe a los procesos de reestructuración agraria en la región– reasigna un peso cualitativo destacado a los movimientos indígenas y campesinos. Este es sin duda un elemento distintivo de la nueva fase que analizamos y que merece una consideración particular. Pues si bien, en términos absolutos, los registros de conflictos protagonizados por los asalariados se ubican por encima de las acciones de los movimientos campesinos e indígenas; éstos últimos aparecen con una importante presencia articuladora de convergencias –como lo muestra la experiencia reciente en Bolivia y Ecuador– que trascienden las reivindicaciones sectoriales para llegar a cuestionar tanto la política económica neoliberal general como la legitimidad política de los gobiernos, pugnando, como en el caso ecuatoriano, por el reconocimiento de un proyecto político (noción de Estado plurinacional) que canalice la representación de las diferentes nacionalidades indígenas.

La ya citada experiencia zapatista en pos del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas (Marcha por la Dignidad realizada en los primeros meses de 2001) así como la prolongada acción de los pueblos mapuches del sur chileno (Coordinadora Arauco-Malleco) contra la apropiación de sus tierras y la sobreexplotación de los recursos naturales son otros destacados ejemplos de este tipo de luchas. A esto debe sumarse la disputa de los campesinos aymaras del Chapare y la región de los Yungas en Bolivia contra la política de erradicación de cultivos y de “coca cero” exigida por el gobierno norteamericano. Vale destacar el impulso que cobra a partir de 2002 la oposición de los pueblos originarios de Mesoamérica contra el Plan Puebla Panamá, destinado a acelerar la penetración del capital y las inversiones transnacionales en Centroamérica.
Numerosos movimientos de campesinos y de pequeños productores agrícolas han cobrado impulso en su oposición a las políticas de liberalización del sector agrícola en América Latina llevadas adelante por los gobiernos de la región y la Organización Mundial del Comercio (OMC), tendientes a reducir los precios de las materias primas destinadas a la industria y a la distribución. Vale destacar la consolidación y la fructífera experiencia del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) brasileño. Las sostenidas ocupaciones de tierra y de edificios públicos en demanda de un reforma agraria progresiva e integral, sus acciones contra la difusión del modelo de agricultura transgénica y su rica experiencia comunitaria y productiva en los asentamientos rurales han transformado al MST en uno de los movimientos sociales de mayor relevancia política en la región. Es preciso señalar también la proliferación de protestas y procesos de convergencia experimentados en el campo contra las consecuencias económicas y sociales que provocan en estos sectores la caída de los precios internacionales de numerosos productos agrícolas de la región, las políticas crediticias draconianas y las barreras arancelarias para este tipo de productos vigentes en los países industrializados.
Por otra parte, en relación con las protestas y movimientos de los trabajadores urbanos, éstos son particularmente significativos en el sector público, en respuesta a los efectos de las políticas de reforma y privatización que se inscriben en la profundización de las políticas neoliberales ortodoxas, en particular la puesta en práctica de paquetes de ajuste fiscal exigidos y negociados por los gobiernos con los organismos internacionales. Así, de forma rotativa y según los países y el período considerado, se registran aumentos de las protestas y reclamos sectoriales en el sector público en los períodos correspondientes al tratamiento y aprobación de los presupuestos nacionales. En este sector guardan particular relevancia la dinámica de los educadores cuyas reivindicaciones refieren fundamentalmente al aumento salarial, al pago de sueldos pendientes, al incremento del presupuesto educativo, al rechazo a las propuestas de reformas educativas (en particular a la flexibilización de las condiciones laborales). En algunos países las acciones que resultan de la oposición a la privatización de la educación pública permiten la convergencia con sectores estudiantiles (en el ámbito universitario) y/o con otros sectores de la comunidad educativa que apoyan los reclamos docentes (padres de alumnos).

Cabe señalar también la intensa práctica reivindicativa de los empleados administrativos que se movilizan en contra de despidos, por aumentos salariales o haberes adeudados y contra la reforma del estado. También en el sector público vale remarcar los conflictos protagonizados por los trabajadores de la salud por reclamos salariales (aumento o cobro adeudado) en numerosos países, por incremento de presupuesto destinado al hospital público y al sistema sanitario en general y por mejora de las condiciones de trabajo. Es interesante destacar que las formas de protesta en el sector mencionado adoptan de forma recurrente la modalidad de paros prolongados –incluso paros por tiempo indeterminado– y se articulan tanto en la forma de huelga nacionales y/o regionales convocadas por las centrales sindicales (en casi todos los países se registran recurrentemente) como con procesos de movilización callejera.

En un tercer lugar, los efectos estructurales del desempleo acarreados por las políticas neoliberales han significado –fundamentalmente en países del Cono Sur– la consolidación de los movimientos de desocupados. Argentina aparece en ese sentido como el caso más emblemático de este fenómeno, donde este movimiento que presenta una alta participación femenina y juvenil ocupa –principalmente a partir de 1999– un lugar central en el escenario de la protesta antineoliberal que se tornó decisivo en la aceleración de la crisis político-social que desembocó en la renuncia del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001.

La ola privatizadora “de primera generación” emprendida a inicio de los ‘90 por algunos gobiernos de la región se caracterizó por una resistencia social liderada fundamentalmente por los sindicatos y los trabajadores de los sectores implicados. En aquellos países donde estas luchas quedaron restringidas a estos sectores y no pudieron conformar frentes sociales más amplios que trascendieran las reivindicaciones particulares, estas luchas fueron derrotadas. Circunscripto el conflicto a los empleados de dichas empresas, luego de la privatización buena parte de los mismos fueron licenciados y pasaron a engrosar las filas de desocupados. El nuevo ciclo de protestas sociales que analizamos parece mostrar un destacado cambio en relación a esta cuestión. Las luchas contra las privatizaciones de “segunda generación” aparecen como un momento de agregación social de la protesta que se pone de manifiesto a través de la emergencia de espacios de convergencia político-social de carácter amplio. Algunos ejemplos recientes como la conformación de Frentes Cívicos en Perú (la lucha en Arequipa contra la venta de dos empresas públicas de servicios eléctricos) y del Congreso Democrático del Pueblo en Paraguay (que exige la derogación de la ley que habilita la privatización de empresas del Estado) sirven para ilustrar la amplia convergencia de sectores sociales en coordinadoras contra las privatizaciones (federaciones campesinas, sindicatos, estudiantes, ONG’s y partidos políticos) cuyas luchas resultan provisoriamente exitosas y obligan a los gobiernos dar marcha atrás en sus intenciones privatistas. Este tipo de protestas asumen a menudo una marcada radicalidad en sus formas (levantamientos urbanos, cortes prolongados de ruta, toma y ocupación de instalaciones de las empresas) que parece acompañar una tendencia confrontativa de las acciones que caracteriza al ciclo tratado.

Por otro lado, las ciudades latinoamericanas se han visto sometidas a profundos procesos de reconfiguración espacial y social por el impacto de las políticas liberales. Los procesos de “descentralización municipal” instrumentados al calor de los ajustes fiscales (con el objetivo de “aliviar” la responsabilidad de los gobiernos centrales a transferir recursos a las administraciones locales) han tenido enormes consecuencias en el espacio urbano y la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades. Los procesos de fragmentación y dualización del espacio urbano, abandono de los espacios públicos, deterioro de los servicios y difusión de la violencia urbana son sólo algunas de las consecuencias más visibles de esta profunda transformación socio-espacial que tuvo lugar en las ciudades de la región. Los conflictos urbanos recientes parecen dar cuenta de esta multiplicidad de problemáticas derivadas de la polarización social de mercado. Las luchas por el acceso y mejoramiento de los servicios, contra el alza de tarifas de los mismos, por la defensa de la escuela pública, contra las políticas de descentralización presentan también, en numerosos casos, la confluencia de diversos sectores sociales. El flagelo ocasionado por catástrofes naturales (terremotos, ciclones, inundaciones) y el abandono de las poblaciones urbanas frente a la necesidad de ayuda oficial e inversión en infraestructura explican las numerosas movilizaciones en reclamo de asistencia de los gobiernos locales y nacionales. También la denuncia contra la corrupción y la demanda de mayor participación democrática y transparencia en la vida política local han impulsado a los pobladores de las ciudades a manifestar su descontento. Por último cabe señalar las protestas de pequeños propietarios de transporte (taxis, transporte urbano de colectivos y buses) contra las políticas de desregulación y libre competencia en dicho sector; como así también la presencia de conflictos encabezados por los vendedores ambulantes que reclaman permisos de venta en la vía pública. La expansión de este tipo de venta callejera aparece como respuesta de supervivencia frente a la generalización del desempleo, la precarización laboral y es estimulada por la difusión del contrabando de productos textiles, electrónicos y juguetes importados, entre otros.
Si en décadas pasadas la participación y movilización juvenil en América Latina se canalizó en gran medida a través de la fuerte presencia del movimiento estudiantil universitario, la protesta de los jóvenes parece adoptar nuevas formas y canales de expresión. El descenso en los niveles de escolarización resultante de los efectos combinados del proceso de privatización educativa y de la concentración del ingreso y crecimiento de la pobreza permita quizás explicar, entre otras causas, la pérdida de peso relativo de los movimientos estudiantiles. Si bien los estudiantes constituyen aún un sector dinámico en el escenario de la conflictividad social –inclusive activamente involucrados en protestas multisectoriales que traspasan las reivindicaciones educativas– la expresión del descontento juvenil se canaliza a través de una activo involucramiento en los movimientos de desocupados, de jóvenes favelados en Brasil, en corrientes y colectivos culturales alternativos de diversa índole, en movimientos de derechos humanos, en las protestas indígenas y campesinos y colectivos sindicales de trabajadores jóvenes precarizados. Las nuevas generaciones juveniles han tenido una activa y destacada participación en las masivas protestas de carácter político que desembocaron en la renuncia de presidentes (Perú y Argentina) y/o que cuestionaron de forma radical la implementación de políticas de ajuste y las privatizaciones, relativizando así las visiones estereotipadas de la realidad que dan cuenta de un marcado desencanto juvenil con la participación política en sentido amplio.


En el escenario actual de la protesta social latinoamericana guardan particular relevancia los procesos de convergencia regional y transnacional, que han cobrado gran impulso y constituyen, por su amplitud e inserción geográfica y su amplio nivel de convocatoria en términos de movimientos y colectivos sociales, una experiencia sin precedentes en el continente. En el pasado, los movimientos sindicales de masas y la coordinación de sectores estudiantiles universitarios representaban los ejemplos más destacados de coordinaciones y articulaciones a nivel regional. Sin embargo, estas convergencias estaban fundamentalmente centradas en la defensa de intereses sectoriales y/o profesionales que tenían grandes dificultades para trascender el ámbito reivindicativo específico. Hoy, la irrupción en el escenario político de problemáticas de alcance continental (ALCA, libre comercio, militarización, etc.), ligadas en muchos casos a la penetración del capital transnacional –particularmente estadounidense-, sirve como estímulo a la consolidación de experiencias de coordinación hemisférica en la que confluyen movimientos sindicales, de mujeres, estudiantiles, ONGs, partidos políticos, colectivos antimilitaristas, agrupaciones de defensa del medio ambiente y en la que guardan un papel decisivo las organizaciones campesinas y agrarias (CLOC y Vía Campesina). La Campaña Continental contra el ALCA, promovida por la Alianza Social Continental y otras redes y colectivos, constituye quizás el ejemplo más destacado, a la que se agrega la innumerable cantidad de encuentros regionales y continentales (que incluyen también a movimientos de América del Norte) contra el Plan Puebla Panamá, la militarización, el Plan Andino, entre otras cuestiones. El Foro Social Mundial de Porto Alegre aparece, en este sentido, como la experiencia más destacada de estas convergencias no sólo a nivel continental sino a nivel internacional.

Mencionaremos por último, sin entrar en detalles, –como componente del escenario regional– el preocupante proceso de represión, criminalización y militarización del conflicto que se ha generalizado en los últimos tiempos. Esta cuestión, que refiere al tipo de respuesta y actitud que adoptan los regímenes políticos y las élites frente al incremento de la protesta social en América Latina, plantea enormes desafíos a los movimientos populares y ha significado la revitalización en algunos países de los movimientos de derechos humanos en torno a campañas contra de la represión de militantes y activistas sociales.

Para concluir con esta presentación del escenario contemporáneo de la protesta y de los movimientos sociales y populares latinoamericanos creemos importante sistematizar algunos de sus rasgos y características más destacados, que permiten –en comparación con la dinámica de décadas precedentes– comprender con mayor claridad los transformaciones en curso y que ponen en evidencia la riqueza reivindicativa de América Latina y su importancia para entender los procesos de lucha social contemporánea.

En relación a los sujetos cabe resaltar dos características distintivas del nuevo ciclo de protestas. La primera es el desplazamiento del conflicto asalariado al sector público, en desmedro del impacto e importancia que guardan los conflictos asalariados en el sector privado. En el sector público se destacan los conflictos educativos sobre otras acciones de empleados administrativos o del sistema de salud. Las acciones reivindicativas en el sector público están signadas por la participación y convergencia de otros sectores sociales con los asalariados públicos en defensa del carácter universal (garantizado constitucionalmente en muchos de los países de la región) del derecho a la educación, salud, etc. En el caso de las luchas más recientes contra las privatizaciones es importante marcar que el impulso a los procesos de convergencia mencionados anteriormente –coordinadoras, frentes cívicos– no necesariamente reposa sobre la dinámica sindical asalariada, destacándose la importancia del papel jugado por otras organizaciones (movimientos campesinos, indígenas, desocupados, estudiantes, movimientos urbanos, entre otros) en la conformación de “coaliciones sociales amplias”.

La segunda característica refiere a la consolidación de movimientos de origen rurales –indígenas y campesinos- con impacto nacional y regional. Estos desarrollan una notable capacidad de articulación con sectores sociales urbanos, logrando vincular en muchos casos con éxito la dinámica de la lucha contra el neoliberalismo (política agraria, privatizaciones, ajuste fiscal) a un cuestionamiento más amplio de las bases de legitimidad de los sistemas políticos en la región.
Por otra parte, se observa una mayor diversificación de los “repertorios de la protesta” en relación a la preeminencia que en décadas anteriores, en este plano, guardaban las luchas protagonizadas por los sindicatos asalariados. Las convergencias de diferentes sectores sociales en torno a numerosos conflictos es quizás una pista para entender estas transformaciones, enriquecidas por el aporte de diferentes prácticas reivindicativas de los distintos sujetos y colectivos. Asimismo es importante destacar una tendencia, que se ha profundizado en los últimos dos años, a una mayor radicalidad en las formas de lucha que se pone de manifiesto en la duración temporal de las acciones de protestas (acciones prolongadas y/o por tiempo indeterminado), en la generalización de formas de lucha de confrontación en desmedro de las medidas demostrativas, el alcance de la difusión regional de ciertas modalidades de protesta y de organización (los cortes de ruta y luego los cacerolazos) y en la masividad y la gran politización que adquieren algunos de los conflictos. La recurrencia de largas marchas y manifestaciones que atraviesan durante días y semanas los espacios regionales y nacionales parecen querer contrarrestar la dinámica de segmentación territorial promovida por el neoliberalismo. Los cortes de caminos y bloqueos aparecen como estrategias tendientes a reapropiarse colectivamente de los espacios y a recuperar una visibilidad social colectiva, negada por los mecanismos de poder.

Por último, es necesario resaltar que muchos de estos movimientos y experiencias de organización social adoptan una configuración socio-territorial. El concepto de “territorialidad social” no se limita a una concepción física (geográfica) del espacio, sino que remite a un ámbito de cristalización de relaciones sociales, de producción y reproducción de la vida. Toda apropiación social del territorio significa una modificación del mismo, la constitución de una “nueva territorialidad social” vinculada a las relaciones (prácticas) sociales desplegadas. En relación a ello podría plantearse una serie de prácticas que caracterizan a estos movimientos (aunque no necesariamente estén todas presentes en cada uno de ellos o se resuelvan de similar manera): procesos constitutivos de autoorganización social, formas asamblearias y/o participativas de organización, prácticas de autogestión productiva, formas de gestión comunitarias. Las tomas y asentamientos del MST brasileño, los emprendimientos productivos de los diferentes movimientos de desocupados en la Argentina y las experiencias de producción solidaria no mercantil de las fábricas ocupadas en ese país pueden ser señalados como algunos de los ejemplos más visibles de este proceso de “territorialización social” que experimentan algunos movimientos sociales en la región.

Finalmente, y en relación con lo antedicho, una de las cuestiones que aparecen con recurrencia en el seno de éstos es la cuestión de la ampliación de los mecanismos democráticos de participación, la promoción de formas participativas más horizontales y abiertas que son vistas como reaseguro frente al peligro de “desconexión” entre los diferentes niveles organizativos y de burocratización y manipulación de los movimientos. Esta preocupación va acompañada en la mayoría de los casos por un cuestionamiento a los modelos de democracia representativa y delegativa que se sustenta en las experiencias de democracia directa y autoorganización social que están a la base de su constitución.


4. Crisis del neoliberalismo y agudización del conflicto social: la dinámica de las luchas en 2002 y 2003

América Latina se ha visto sacudida durante el año 2002 por una profunda crisis cuyos impactos sociales, políticos y económicos se prolongan a lo largo del año 2003 y marcarán seguramente el futuro de la región en los próximos años. El acentuamiento de la recesión y de la inestabilidad económica asestó un duro golpe a la legitimidad política e ideológica que gozó el neoliberalismo en la última década. La debacle de dichas políticas en Argentina aparece en este contexto como el ejemplo más paradigmático del derrumbe de la utopía de mercado como principio regulador del orden social. El quiebre de la legitimidad neoliberal y la dificultad creciente de los regímenes políticos del continente por reconstituirla aparecen como una de las marcas distintivas de los dos años aquí analizados.

Una segunda característica de la coyuntura político-social latinoamericana en el período abordado es la profundización del ciclo de protestas sociales desplegado desde mayo de 2001. Durante 2002 se observa un crecimiento cuantitativo del número de conflictos en relación a los dos años precedentes. Según los registros del OSAL el total de conflictos que tuvieron lugar en la región a lo largo de 2002 asciende a 6.744, contra 5.094 durante 2001 y 1.995 entre mayo y diciembre del año 2000. Durante los primeros ocho meses de 2003 (enero-agosto) se registraron 4.593 conflictos y en este período se observa un aumento porcentual de los conflictos respecto de los dos últimos cuatrimestres de 2002, que parecen ratificar la tendencia de un incremento de la protesta. El mismo aparece ligado al recrudecimiento de la crisis y a los intentos de profundizar los planes de ajuste y las políticas privatizadoras por parte de los gobiernos de la región como repetida y única fórmula carente ya de credibilidad social.

Este incremento del conflicto social ha significado una maduración de ciertos movimientos sociales así como el surgimiento y consolidación de experiencias de convergencia social en la confrontación contra las políticas neoliberales, evidenciando un crecimiento cualitativo en la politización de las luchas. Muchos de los conflictos acontecidos a lo largo de 2002 y 2003 -que lograron limitar, aunque sea de forma transitoria, las intenciones privatizadoras de los gobiernos- adoptaron, como señaláramos anteriormente, la forma de convergencias heterogéneas, frentes sociales amplios, coordinadoras multisectoriales nacionales y/o regionales. Estas dinámicas contrastan con las precedentes luchas contra los ajustes y privatizaciones “de primera generación” y sobre cuya derrota se asentó la hegemonía del orden neoliberal en América Latina durante la primera mitad de la década del ‘90.

Frente a la crisis de legitimidad reseñada, y en contraposición a estos cambios políticos, la continuidad del rumbo neoliberal aparece asociada a los intentos de afirmación de regímenes crecientemente autoritarios y represivos, que podemos señalar como una cuarta tendencia del período. Legitimado por la cruzada antiterrorista desatada por el gobierno de Bush luego del 11 de septiembre e íntimamente asociado a las estrategias norteamericanas de subordinación económica y militar, el “neoliberalismo armado” ha servido como soporte jurídico e ideológico al aumento de la represión y la persecución de dirigentes sociales a lo largo de todo el año. La militarización de la vida política colombiana promovida por el gobierno neoliberal de Uribe es, en ese sentido, el ejemplo más trágico y destacado en la región. Sin duda la riqueza de la dinámica reivindicativa que hoy se despliega en América Latina nos impide presentar en estas breves páginas un análisis detallado del conjunto de los conflictos registrados durante 2002 y 2003. Sin pretensión de exhaustividad expondremos algunos de los hechos más significativos de la protesta social en los cuales podemos rastrear algunas de las características reseñadas en la primera parte de este artículo.


5. 2002: del derrumbe neoliberal en Argentina a las luchas contra las privatizaciones en Perú y Paraguay

El primer cuatrimestre del año 2002 aparece signado en la región por la repercusión regional e internacional de la crisis económica y del régimen político en la Argentina. El derrumbe del modelo neoliberal en dicho país inaugura un nuevo ciclo de crisis económicas que desnudan con brutalidad los devastadores efectos sociales del liberalismo económico. Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 se caracterizaron por un intenso proceso de movilización popular que desembocó en la caída del gobierno de De la Rúa y que puso en entredicho, más allá de la salida del gobierno de la Alianza, los basamentos del régimen neoliberal: la política económica, las instituciones políticas y los partidos y dirigentes políticos asociados al régimen. Al calor de esta crisis -cuyos efectos se prolongan hasta hoy- se consolidaron numerosas experiencias de autoorganización social vinculadas a formas asamblearias de organización, que fueron una característica de la emergencia del movimiento de desocupados y las puebladas que conmovieron al país en los años previos al 2001. Estas prácticas también estuvieron a la base de la emergencia de las asambleas populares –surgidas particularmente en la Ciudad de Buenos Aires y el cordón urbano que la rodea– así como en el movimiento de ocupación y gestión de fábricas en quiebra en una experiencia que se intensificó durante el 2002. Por otra parte, las prácticas de autogestión, de producción autónoma de la vida, cristalizadas en los microemprendimientos y talleres productivos del movimiento de desocupados o en las experiencias de gestión de las empresas ocupadas por sus trabajadores, también tomaron cuerpo –en otro sentido- en las iniciativas desplegadas por el asambleísmo urbano que experimentó tanto con el desarrollo de huertas colectivas y comedores comunitarios como con la gestión de su espacio social-urbano próximo.

En este sentido la experimentación popular intensificada a partir de finales de 2001–si es posible en esta apretada síntesis reflejar la intensidad y riqueza del ciclo de movilización y conflicto desplegado en Argentina, particularmente en la primera mitad de 2002–, aún en sus limitaciones y debilidades, marcó un proceso donde estas prácticas de reapropiación social del territorio –que desarrollaban y postulaban una forma distinta de gestión– marchaban de la mano de una democratización radical de las relaciones sociales. Ésta no sólo implicaba un proceso de desestructuración y cuestionamiento de la relación dirigentes-dirigidos, sino también expresaba una dinámica que atravesaba el espacio de las relaciones de género e intergeneracionales. La preponderancia de las figuras femeninas y juveniles de los piquetes y las asambleas daban cuenta de este “terremoto” que cuestionaba la trama social de jerarquías y opresiones. Por otra parte, en un camino paralelo al anterior, los lazos forjados entre estos colectivos y experiencias sociales en una multiplicación de acciones de solidaridad y cooperación supo constituir una red difusa de espacios heterogéneos de soberanía popular no estatales y no mercantiles, donde lo económico, lo social y lo político tendían –en un proceso irregular y heterogéneo- a fundirse en la experiencia colectiva.

Entre las luchas sociales más significativas del segundo cuatrimestre de 2002 se destacan las movilizaciones victoriosas contra las privatizaciones en Perú y Paraguay. Movilizaciones que supusieron la afirmación o surgimiento de experiencias de coordinación multisectorial: el Frente Amplio Cívico de Arequipa en Perú y el Congreso Democrático del Pueblo en Paraguay. Destacándose por la masividad que asume la protesta y por la demostrada capacidad de detener las ofensivas privatizadoras encaradas por ambos gobiernos, estos casos representan un proceso más general que se desarrolla también en otros países de la región.

En Perú los departamentos de la región sur fueron escenario de un paro regional –con epicentro en Arequipa de dos días convocado por el Frente Amplio Cívico contra la anunciada privatización de las centrales de producción energética EGASA y EGESUR. La “batalla de Arequipa” –y la participación significativa que le cupo al Frente Amplio Cívico de dicha ciudad– fue acompañada por acciones impulsadas por dichos frentes locales a lo largo de todo el sur peruano así como en otras regiones del país (Puno, Tacna, Cuzco, Loreto, Piura por citar sólo algunas de las ciudades). La experiencia de los paros cívicos urbanos y la existencia de una Coordinadora Nacional de Frentes Regionales dan cuenta tanto de las modalidades de lucha características de este movimiento –que supone en sus momentos más intensos la virtual ocupación de las ciudades– como de la articulación nacional consolidada en el último tiempo. No pueden dejar de señalarse las semejanzas que aproximan el conflicto en Arequipa a la llamada “Guerra del Agua” en Cochabamba acontecida en abril de 2000 contra la privatización de la empresa de aguas local. Como en el caso peruano, la movilización urbana llegó a paralizar y ocupar la ciudad durante días y puso fin al proceso privatizador.

En este sentido, la experiencia cumplida por la “Coordinadora por el Agua y la Vida” de Cochabamba dinamizó, en cierta medida, el surgimiento o afirmación de Comité Cívicos locales en otras ciudades de Bolivia. Estas formas de convergencia urbana y territorial toman cuerpo en este período, por ejemplo, en las protestas del Comité Cívico de Oruro por la estatización de la mina Huanuni –reivindicación zonal que finalmente también se obtiene– y en las movilizaciones multisectoriales en la ciudad de El Alto.

En relación a todas estas experiencias el proceso en Paraguay presenta algunas diferencias. No sólo porque la coordinación es de carácter nacional –y no local– sino también porque la misma asume la forma de una multisectorial emergida del acuerdo de múltiples organizaciones sociales y políticas. En este sentido el llamado Congreso Democrático del Pueblo resulta de la convergencia de dos plataformas anteriores (el Frente en Defensa de los Bienes Públicos y la Plenaria Popular Contra el Terrorismo de Estado) surgidas en dicho país en los últimos meses. Dicha convergencia supuso la confluencia de las más importantes organizaciones sociales del Paraguay, y fundamentalmente, de la articulación de las dos más significativas organizaciones campesinas (la Federación Nacional Campesina [FNC] y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas [MCNOC]).

En cierta medida este proceso puede asimilarse al acontecido en Uruguay, donde también, aunque no por iguales razones, la política privatizadora que recorrió la región en los ‘90 no hubo de hacer pie. Las semejanzas entre ambas experiencias pueden quizás ampliarse a las formas que asume la convergencia multisectorial contra las privatizaciones, siendo que en Uruguay la coordinación nacional –impulsada fundamentalmente por el PIT-CNT– agrupa a distintas organizaciones sociales, en este caso en articulación con el FA-EP (Frente Amplio-Encuentro Progresista). En este país la protesta contra la nueva ofensiva privatizadora encarada por el presidente Battle también recorre el segundo cuatrimestre de 2002 aunque parezca ocupar un segundo lugar ante la profundización de la crisis económica, y obtiene una victoria parcial con la derogación parlamentaria de la legislación que amparaba la privatización de las compañías ANTEL y ANCEL, teléfonos y celulares, respectivamente.

Aún en la diversidad que plantean los diferentes escenarios nacionales y en el contexto de profundización regional de la crisis económica, el último cuatrimestre de 2002 estuvo atravesado por la persistente presión del FMI y del Banco Mundial para acentuar las políticas de ajuste fiscal, desregulación y privatización. Estas medidas se orientan a garantizar –en el marco del proceso de reestructuración del abultado endeudamiento externo acumulado durante dicha década que asegure su pago- la profundización de las líneas directrices del régimen neoliberal.

En consonancia con esta orientación, en los últimos cuatro meses de 2002, numerosos gobiernos de la región confeccionaron los presupuestos fiscales para el próximo período, así como impulsaron diferentes proyectos legislativos tendientes a sancionar el ajuste de las cuentas públicas. En este sentido, vale señalar, por ejemplo las leyes de transición económica en Paraguay, las de reactivación económica y de rendición de cuentas en Uruguay, la reforma del sector salud en Chile, la de agua potable y alcantarillado en Honduras y la reforma laboral e impositiva en Colombia.

Frente a estas políticas, se explica el relativo crecimiento que –entre septiembre y diciembre de 2002- muestran los conflictos protagonizados por los asalariados del sector público, pero también la afirmación y conformación de movimientos territoriales, de procesos de convergencia y multisectoriales a nivel local o nacional. Esta tendencia prolonga las experiencias de los primeros meses del año anteriormente reseñadas. En la misma dirección, aparecen también las acciones impulsadas por el Frente Nacional contra la privatización de la industria eléctrica en México y la Coordinadora por la defensa del Gas en Bolivia, por citar sólo dos casos. Así, las contrarreformas neoliberales se confrontan con la creciente consolidación de experiencias que adoptan una configuración socio-territorial y que, además del rechazo a estas políticas, en muchos casos plantean y avanzan en el debate sobre propuestas alternativas de gestión de lo público.

En relación a ello, estas luchas contra las privatizaciones de empresas públicas- y en algunos casos los reclamos por reestatizaciones como, por ejemplo, en Bolivia respecto de ciertos emprendimientos mineros– se combinan con importantes protestas frente a políticas de reestructuración, privatización o desfinanciación de las áreas de salud y educación. Vale en este caso mencionar, entre otros, el intenso y extendido conflicto en El Salvador frente al intento de privatización del Instituto del Seguro Social, las múltiples protestas en Honduras en rechazo del proyecto de ley de agua potable y alcantarillado –que pretendiendo la municipalización del servicio es caracterizado como un paso a la privatización del sector exigida por el Plan Puebla Panamá–, y el prolongado conflicto impulsado por los médicos y trabajadores de la salud en Chile frente al proyecto legislativo oficial de reforma del sector.

En el mismo sentido, y asociado a la confección y aprobación de los presupuestos fiscales para el año próximo, diferentes conflictos se desarrollan en reclamo de financiamiento para el sector educativo y sanitario. En este caso, se destacan las luchas estudiantiles y de la comunidad universitaria en Perú, las movilizaciones de estudiantes y el prolongado conflicto de los trabajadores de la salud en Nicaragua y las protestas –impulsadas fundamentalmente por la federación estudiantil– en Uruguay a principios de setiembre.

Estos conflictos, que reseñamos brevemente, confluyen y motivan movilizaciones multisectoriales de cuestionamiento a las políticas económicas y los gobiernos en muchos países de la región. En Uruguay, a principios de setiembre, contra las leyes de ajuste fiscal; hacia fines del mismo mes, en Colombia, el paro sindical, los bloqueos campesinos y las movilizaciones estudiantiles contra la reforma laboral y el ALCA; también en setiembre las protestas obreras y agrarias contra el alza de tarifas y la ley de transición económica en Paraguay; las diferentes manifestaciones en Bolivia hacia el fin del cuatrimestre; así como también las movilizaciones en Argentina al cumplirse un año de las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, protagonizadas fundamentalmente por los movimientos de trabajadores desocupados.
En el terreno organizativo estas experiencias fructifican en la constitución de espacios de convergencia político-social tal como lo señala, en los últimos cuatro meses de 2002, las movilizaciones convocadas por el “bloque antineoliberal” en Bolivia o la conformación del Frente Nacional por la defensa de la Soberanía y los Derechos de los pueblos que se constituye en Salvador Atenco, México, a fines de noviembre. Por otro lado, el resultado obtenido por estas luchas contra las políticas de ajuste y privatizaciones, es disímil. La derrota de las ofensivas privatistas en Perú y Paraguay, así como la imposibilidad del gobierno mexicano de avanzar sobre el sector de la electricidad, contrastan con la aprobación –aún con modificaciones– de muchas de las legislaciones cuestionadas por los movimientos populares; quedando en algunos casos la resolución aún pendiente.

En relación a la dinámica político-social del año 2002 no podemos dejar de referirnos a las elecciones presidenciales que, hacia finales de año, tuvieron lugar en Brasil y en Ecuador. Los triunfos electorales de partidos y/o coaliciones políticas nacidas y desarrolladas en confrontación con el modelo neoliberal constituyeron un dato político sin precedentes en la historia reciente de la región. Estas victorias pusieron de manifiesto no sólo el creciente descontento social frente al modelo sino también la preexistencia de intensos procesos de lucha y constitución de movimientos y organizaciones sociales que –de distintas maneras– se articulan con estas expresiones político-electorales. Un escenario que plantea nuevos y enormes desafíos para el futuro del continente. El triunfo del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil fue en este sentido el ejemplo más relevante política, social y regionalmente. La llegada de Lula al gobierno fue el resultado de un sostenido proceso de confluencia, articulación y lucha común de vastos sectores sociales durante las dos últimas décadas. A éste se sumó la victoria de la coalición política encabezada por Lucio Gutiérrez en Ecuador, donde la participación del Movimiento Pachakutik expresaba las luchas sociales y políticas encabezadas en los últimos años por el movimiento indígena ecuatoriano. Esta victoria electoral, en la que fue decisiva el apoyo de dicho movimiento al candidato electo, había estado precedida por un paro nacional multisectorial de 48 horas convocado a mediados de febrero por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y organizaciones sociales y sindicales. Dicha protesta, que fue acompañada de bloqueos de carreteras y manifestaciones en Quito y otras ciudades, tuvo por objetivo el rechazo a las políticas promovidas por el gobierno. Sin embargo a poco de andar, las grandes expectativas de cambio suscitadas por estas experiencias de gobierno, se han visto confrontadas en algunos casos con la continuidad de las políticas de ajuste. Esto provocará en el mes de agosto de 2003 la ruptura de la alianza de gobierno en Ecuador entre la Sociedad Patriótica y el Movimiento Pachakutik que reseñaremos más adelante.

El excelente y también sorpresivo desempeño electoral del Movimiento al Socialismo y su candidato Evo Morales en Bolivia no puede ser comprendido al margen de la legitimidad política de la lucha del movimiento cocalero boliviano y del reconocimiento social de la lucha cochabambina contra la privatización del agua. Aún la derrota electoral del presidente Toledo en las elecciones regionales en Perú, que puso de manifiesto la debilidad de un gobierno que frustró rápidamente las expectativas populares de cambio, apareció vinculada a las intensas protestas regionales –encabezadas por los llamados Frentes Cívicos– particularmente en el sur del país, contra las privatizaciones.
Para concluir con este sucinto repaso de los conflictos más destacados del año pasado es preciso señalar la prolongación hacia fin de año de la crisis política venezolana, luego del fallido intento de golpe de estado contra el presidente Chávez perpetrado en el mes de abril de 2002 por los representantes de la “Triple Alianza” (empresarios, Iglesia y militares). La ruptura del orden constitucional tuvo –entre sus objetivos principales- la privatización en beneficio de intereses transnacionales de la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) con el propósito de poner fin a la política petrolera autónoma del gobierno de Chávez. Las tensiones políticas derivadas de esta fracasada tentativa se intensificaron hacia principios de diciembre con el inicio del llamado “paro cívico” convocado por un conjunto de organizaciones empresariales, sindicales, sociales y políticas con la exigencia de la convocatoria a elecciones primero, y la renuncia del presidente Chávez después. Esta nueva ofensiva impulsada por las élites económicas venezolanas contra el gobierno de Chávez combinó la movilización callejera, el asedio mediático, el lock-out patronal, el golpe petrolero y la convocatoria a la disidencia militar –que solo puede interpretarse como el llamado a reeditar el fallido golpe militar– y a la desobediencia fiscal, sin haber conseguido derribar o desestabilizar de forma definitiva al gobierno constitucional.


6. 2003: del febrero al octubre boliviano, asalariados y campesinos en la región

Para los primeros cuatro meses del año 2003 los datos del OSAL muestran un importante aumento de las protestas “multisectoriales”. En este tipo de protesta los actores involucrados hacen presentes reivindicaciones de carácter político en más de la mitad de los casos.
Estas articulaciones producen coyunturas donde observamos una retirada radical del apoyo pasivo a gobiernos elegidos democráticamente, cuando éstos asumen el recetario neoliberal y se disponen, cada vez de manera más previsible, a dilapidar su capital político en tiempos abreviados y al calor de la manifestación popular.

En febrero de este año una crisis política de inmensas proporciones atraviesa el territorio andino boliviano cuando diferentes sectores sociales organizan su oposición al decreto presidencial de reforma del Presupuesto General de la Nación. El decreto aplicaba un impuesto a los salarios del orden del 12,5% y obedecía al requerimiento del FMI de reducir el déficit fiscal. La reacción popular ante esta medida es inmediata. Despues de días de ampliación de la participacion en el conflicto de diferentes sectores sociales se amotinan los principales destacamentos policiales del país. En masivas puebladas los bolivianos exigen la renuncia del presidente mientras se producen enfrentamientos entre la policía y el ejército. La salvaje represión desatada por el gobierno, que contó con francotiradores apostados en edificios públicos, deja un saldo de 35 personas muertas y más de 200 heridos.
En la mismo sentido podemos señalar las dificultades que encuentra el presidente Toledo en Perú para diferenciarse del “fujimorismo” sin variar el rumbo de las políticas económicas que su gobierno promueve. Este caso nos trae a la memoria las circunstancias políticas vividas bajo la gestión del presidente De la Rua en Argentina cuando –habiendo ganado las elecciones apelando al “antimenemismo” que la sociedad ya había conquistado– continuó, una vez asumido el gobierno, por sobre los pasos de su predecesor, profundizando su política. Similitudes que nos señalan en qué medida estos procesos suelen ser veloces y comienzan a experimentarse rápidamente cuando las noticias de diarios y televisoras no pueden ocultar la concreción de políticas que discurren en las líneas ya recorridas y que han evidenciado ostensibles fracasos.

En respuesta al rumbo adoptado por el gobierno de Toledo las manifestaciones y huelgas del sector público, sobre todo el docente, son continuas, fundamentalmente en reclamo de un aumento del presupuesto de las áreas sociales. En algunos casos la reivindicación que plantean los sectores movilizados hace explícita su oposición a la política neoliberal del gobierno, mientras que otras veces expresan importantes niveles de convergencia bajo la forma de paros regionales.
Estos hechos brevemente reseñados de Bolivia y Perú dan cuenta del “sobrevolar de una crisis” que, si bien no imposibilita recomposiciones políticas al interior de los estados nacionales en términos de la continuidad del modelo, renueva rápidamente malestares populares que le imprimen a la “gobernabilidad neoliberal” una dificultad creciente para alcanzar niveles de estabilidad. Por otro lado, al calor de estos procesos, los movimientos sociales más dinámicos de la región han ido forjando un balance crítico sobre las consecuencias sociales de la aplicación del recetario neoliberal así como también respecto de las repetidas formas bajo las cuales éste se traduce en políticas concretas que afectan a las mayorías. Así, esta experiencia social funciona como un límite difícil de sobrepasar cuando se intenta profundizar rumbos contra la voluntad de la población.
Sin embargo, “el nuevo escenario regional” de 2003 también supone la participación de dirigentes provenientes de los propios movimientos sociales en alianzas electorales que llegan a ser gobierno presentando importantes niveles de heterogeneidad política. Las tensiones que esta situación plantea repercuten rápidamente en los propios movimientos, impulsándolos a abrir significativos debates en torno a las políticas gubernamentales y su posicionamiento frente al estado. En este sentido cabe destacar que en estos cuatro primeros meses de 2003 el conflicto social en países como Brasil y Ecuador, lejos de disminuir, aumenta un 50% en Brasil y un 98% en Ecuador respecto al último cuatrimestre del año 2002. Es por ello que resulta muy importante examinar atentamente cómo, en estas situaciones, se produce la relación del movimiento social con el gobierno, la política, la autonomía y la construcción de alternativas.

En Ecuador esta cuestión aparece con claridad en la multiplicación a gran escala del debate que impulsan los movimientos indígenas a propósito de la posición respecto al nuevo gobierno del cual forman parte. Una primera conclusión de ello resulta con la ruptura del Ecuarunari (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador) con el gobierno, hecho que se produce finalmente el 24 de abril. Sucesivamente en agosto se oficializa la ruptura de la alianza de gobierno ecuatoriano entre la Sociedad Patriótica y el Movimiento Pachakutik (articulado al movimiento indígena) como consecuencia de las desavenencias en relación al sesgo crecientemente neoliberal de la política económica del gobierno encabezado por el presidente Lucio Gutiérrez resultando uno de los casos emblemático de la experiencia latinoamericana del segundo cuatrimestre del año.
Respecto a esta cuestión, podemos señalar también cómo los discursos que refieren al “suceso político”, al “cambio” o la “transición política” en Brasil resuenan y son resignificados en el escenario internacional proyectando un optimismo propagandístico que, ante la ausencia de alternativas políticas efectivas, resulta en la exportación de una referencia ambigua para el resto del cono sur y también para los países andinos.

En Venezuela encontramos la polarización ideológica y política de expresión más aguda de toda la región, donde los niveles de confrontación ocasionados por el paro cívico nacional impulsado por la Coordinadora Democrática (CD) aún no permiten saldar la grieta abierta cuando los mismos sectores planificaron un golpe de estado para derrocar al presidente electo Hugo Chávez. Esta vez los sectores opositores en paro suben la apuesta, instando a la población a que se declare en desobediencia tributaria y deje de pagar los impuestos. Durante enero se suceden manifestaciones a favor y en contra del gobierno que dejan un saldo de tres muertos y varios heridos, para cerrar el ciclo el 1º de febrero, cuando la CD, la CTV y FEDECAMARAS deciden levantar el paro.
Se suma finalmente a esta serie de protestas, emergencia y consolidación de movimientos y convergencias y crisis políticas que desarrollamos anteriormente, la gigantesca movilización popular acontecida recientemente en Bolivia que, luego de intensas jornadas que se prolongan e intensifican entre mediados de setiembre y octubre de 2003 contra la política de exportación del gas (y también contra el rumbo neoliberal del gobierno), culmina con la renuncia del presidente Sánchez de Lozada el 17 de octubre. Estas movilizaciones y protestas que atravesaron desde los movimientos indígenas y campesinos hasta las principales urbes del país –y alcanzaron una dimensión no vista en los últimos 50 años en Bolivia- y que fueron confrontadas con una masiva represión que costó la vida de más de 70 personas, tienen una significación relevante a nivel regional y –particularmente- en el área andina.

Para completar un panorama sobre los procesos más significativos para la región debemos señalar la realización de numerosas paros y huelgas generales y/o sectoriales de alcance nacional en nueve países de la región durante el segundo cuatrimestre de 2003. Esta modalidad de protesta estuvo presente en Colombia, donde el Comando Nacional Unitario integrado por las centrales sindicales de dicho país convocó dos huelgas generales en los meses de junio y agosto contra la política económica y las iniciativas privatizadoras del gobierno de Uribe. En Brasil, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay, los asalariados del sector público protagonizaron medidas similares. También se destaca la huelga general convocada a mediados de agosto por la Central Unitaria de Trabajadores chilena (CUT) en rechazo al proyecto de reforma laboral. Si bien esta acción no logró impedir la aprobación legi

Author: Clara Algranati, José Seoane y Emilio Taddei