Las protestas sociales en el espacio urbano: trabajadores asalariados y convergencias sectoriales(*)En este contexto recesivo muchos gobiernos de la región respondieron a la crisis con la profundización de recetas ortodoxas promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La firma de nuevos acuerdos, cuyas pautas son fiscalizadas regularmente por las misiones de dichos organismos en la región, redundó en la profundización de procesos de ajustes en el sector público. Estas políticas fueron acompañadas por la votación de leyes de desregulación de servicios públicos, de “flexibilización” de los derechos sociales y aumentos tarifarios, cuya implementación es exigida por los centros del poder financiero internacional.
Un ejemplo de esta tendencia fue la decisión del actual presidente del Brasil, Luiz Ignacio “Lula” da Silva, de firmar en el último trimestre del año pasado –antes de la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales en dicho país– un acuerdo con el FMI. Este nuevo entendimiento fijó –entre otras cuestiones– rigurosas pautas de contención del gasto público y del pago de intereses de la deuda externa. Los compromisos limitaron significativamente las posibilidades del nuevo gobierno petista de dar respuesta a los anhelos de vastos sectores de la sociedad brasileña que aún aspiran a un cambio del rumbo económico en ese país.
La aplicación de políticas ortodoxas como respuesta a la crisis por parte de los gobiernos latinoamericanos enfrenta una sostenida resistencia social que cuestiona la legitimidad del modelo neoliberal en América Latina. A lo largo del último año la impugnación a los procesos de ajuste y privatización de empresas públicas dio lugar a la emergencia de convergencias y articulaciones multisectoriales en diferentes países de la región. Protagonizadas por sectores asalariados y diversos movimientos de carácter socio-territorial, muchas de estas protestas tuvieron una gran repercusión y desencadenaron crisis políticas que se saldaron con la renuncia de algunos elencos gobernantes. En otras ocasiones las mismas produjeron una creciente pérdida de legitimidad de los ejecutivos surgidos de procesos electorales cifrados de grandes expectativas de cambio. La ruptura de la alianza de gobierno en el Ecuador entre la Sociedad Patriótica y el Movimiento Pachakutik en el mes de agosto como consecuencia de las desavenencias en relación al sesgo crecientemente neoliberal de la política económica del gobierno encabezado por el presidente Lucio Gutiérrez resulta, en este sentido, el caso más emblemático del cuatrimestre analizado.
Frente a la creciente impugnación social de estas políticas, los gobiernos latinoamericanos respondieron con un significativo y preocupante aumento de los niveles de represión y de la criminalización de dirigentes sociales y políticos. Esta tendencia, reseñada en números anteriores del OSAL, cobra un nuevo impulso a través de la aprobación de leyes que endurecen las penas para manifestantes y prohíben ciertas modalidades de la protesta. En este contexto se incrementaron el número de procesos judiciales y el encarcelamiento de militantes y líderes sociales y políticos. En similar dirección podemos señalar el recurso creciente al estado de excepción aplicado por algunos gobiernos durante los conflictos sociales, la militarización de empresas y edificios públicos, el acoso policial a trabajadores en huelga, los allanamientos a casas de dirigentes. El presidente de El Salvador anunció durante el mes de julio el lanzamiento del plan denominado “Mano Dura” que autoriza a las fuerzas armadas de dicho país a detener y encarcelar a toda persona sospechada de “pandillero”. Cabe destacar que esta iniciativa involucra también a los gobiernos de Honduras y Guatemala. En el marco de la ofensiva contrainsurgente y la militarización impulsada por el gobierno de Colombia, el presidente Uribe decidió aumentar las cuadrillas de soldados campesinos (véase el artículo de Esmeralda Prada en el presente OSAL).
En este preocupante contexto de violación de los derechos humanos, el rechazo de vastos sectores sociales a los procesos de ajuste, privatización y liberalización comercial se reflejó en el aumento del número de conflictos en los meses considerados. Esta tendencia prolonga, en el segundo cuatrimestre de 2003, el incremento de las acciones de protesta señalada para los primeros cuatro meses del presente año (Algranati, 2003) en relación a los dos últimos cuatrimestres de 2002. En el período que analizamos los registros de las protestas relevadas por el OSAL ascienden a 2.323 casos, lo que representa un aumento del 2,33% en relación al período inmediatamente anterior (2.270) y del 10,4% respecto del último cuatrimestre de 2002, que arrojó un total de 2.104 conflictos. Asimismo la comparación con el mismo período del año precedente arroja un incremento de 3,47% en los meses aquí analizados. Las cifras mencionadas ubican a este período en segundo lugar en número de total de conflictos registrados desde el año 2000, detrás de las 2.438 protestas relevadas entre enero y abril de 2002, momento de auge de las movilizaciones que signaron el estallido de la crisis en la Argentina.
Huelgas en el sector público y protestas multisectoriales
En el análisis de la actividad reivindicativa del cuatrimestre se destacan los conflictos protagonizados por los trabajadores asalariados, que representan el 30,35% del total de registros relevados. Esta cifra se ubica en el 34,65% al considerar las acciones de los trabajadores desocupados (4,3%), que se incrementan levemente en relación a los cuatro primeros meses del año. Las acciones de los asalariados del sector público representan el 23,42%. Dentro de este segmento se destacan los conflictos de los trabajadores administrativos y de los funcionarios públicos junto a los protagonizados por los trabajadores de la educación. Ambos registran un significativo aumento en relación al primer cuatrimestre del año. Los asalariados de empresas privadas participan en un 6,93% de las protestas, siendo la Argentina el país en el que se registra el mayor número de protestas en este segmento del mercado de trabajo.
En algunos países (Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay) las protestas en el sector público estimularon procesos de convergencias multisectoriales que cuestionan las políticas económicas de los gobiernos. Ratificando una tendencia ya señalada en períodos anteriores (Seoane y Algranati, 2002), muchos de los conflictos se caracterizaron por un aumento de la radicalidad en las formas de lucha que se expresó tanto en el carácter confrontativo de las acciones (ocupación de edificios públicos, bloqueos de empresas, boicots productivos, enfrentamientos con las fuerzas represivas) como en la duración temporal de los mismos (paros y huelgas sectoriales por tiempo indeterminado). En forma irregular, según los sectores y los países considerados, estas protestas lograron, en algunos casos, la satisfacción de sus reivindicaciones, obligando a algunos gobiernos a suspender, al menos provisoriamente, la implementación de medidas que generaron un amplio repudio social.
Otra característica de la intensidad reivindicativa del cuatrimestre fue la realización de numerosas paros y huelgas generales y/o sectoriales de alcance nacional en nueve países de la región. Esta modalidad de protesta estuvo presente en Colombia, donde el Comando Nacional Unitario integrado por las centrales sindicales de dicho país convocó dos huelgas generales en los meses de junio y agosto contra la política económica y las iniciativas privatizadoras del gobierno de Uribe. En Brasil, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay, los asalariados del sector público protagonizaron medidas similares. En este sentido debemos señalar la huelga general convocada a mediados de agosto por la Central Unitaria de Trabajadores chilena (CUT) en rechazo al proyecto de reforma laboral. Si bien esta acción no logró impedir la aprobación legislativa de dicha iniciativa, la misma tiene un valor simbólico importante ya que fue la primera huelga general convocada en el país andino a trece años de finalizada la dictadura militar, generando la adhesión de medio centenar de gremios del sector público y privado.
La iniciativa de reforma provisional impulsada desde los primeros meses de gobierno por el presidente Lula en Brasil desencadenó el primer conflicto laboral de alcance nacional que debió enfrentar el nuevo equipo gobernante. El 8 de julio cerca de 400 mil trabajadores estatales adhirieron a la huelga por tiempo indeterminado convocada por la CUT, bajo la presión de las bases gremiales del sector. La huelga fue acompañada por manifestaciones realizadas en diferentes estados del país exigiendo el retiro del proyecto gubernamental que preveía la creación de fondos de pensión. A inicios de agosto una manifestación de repudio al proyecto reunió a 70 mil personas en la ciudad de Brasilia, donde a finales del mismo mes ambas cámaras legislativas votaron la aprobación del proyecto. Si bien la huelga no logró una adhesión masiva de otros sectores sociales, constituyó un llamado de advertencia para el gobierno a pocos meses del inicio de la nueva gestión. Asimismo, abrió un debate en las filas del PT y de diversos movimientos sociales acerca de las orientaciones económicas de un gobierno electo con la expectativa de producir una redistribución de la riqueza que pueda beneficiar a los sectores sociales más oprimidos de ese país.
La prolongada huelga magisterial en Perú que se inició en el mes de mayo en reclamo de aumento de sueldos y de mayor presupuesto educativo desembocó en un amplio proceso de protesta social que, al igual que las manifestaciones contra la privatización en el sur peruano ocurridas a mediados de 2002, asestó un nuevo golpe a la legitimidad del debilitado gobierno de Toledo. La huelga fue acompañada por multitudinarias marchas en todo el país a las que se sumaron, a mediados de mayo, los trabajadores judiciales y de la salud –en paro por tiempo indefinido en reclamo de un aumento en sus haberes– y también sectores estudiantiles universitarios. Agricultores nucleados en la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP) protagonizaron un paro indefinido con cortes en casi todas las rutas troncales del país. A pesar de la militarización decretada por Toledo hacia fin de mes, que cobró la vida de un estudiante universitario en Puno, la experiencia de convergencias sectoriales se prolongó en los meses siguientes. A inicios de junio tuvo lugar una jornada nacional de protesta contra el estado de excepción y la política económica del gobierno en la que participaron sectores campesinos y diferentes centrales sindicales (CGTP, CTP) además de los Frentes Regionales surgidos en las citadas protestas de 2002. Aún a mediados de julio, la Unión de Frentes Regionales protagonizó una nueva jornada nacional de reivindicaciones contra la política económica. Luego de arduas negociaciones y compromisos sectoriales cuya implementación en la mayoría de los casos aún está pendiente, el gobierno logró desactivar algunos conflictos. Como consecuencia de su desgaste político (véase el artículo de Eduardo Toche en el presente número de la revista), el presidente Toledo cambió parte del gabinete y anunció medidas tributarias (aumento del IGV) y un nuevo plan de privatizaciones para recaudar fondos destinados a satisfacer los reclamos salariales de los docentes.
En el contexto de la brutal ofensiva privatista del gobierno de Uribe en Colombia, que se combina con un incremento de la militarización del país, se llevan a cabo dos paros generales. Convocadas en junio y agosto por las centrales obreras CGTC, CTC y CUT contra la venta y privatización de empresas y servicios públicos (Telecom, ECOPETROL, Caja Nacional de Previsión, Instituto del Seguro Social, Cajanal), estas huelgas se inscriben en un intenso proceso de resistencia social protagonizado por los trabajadores de los sectores implicados que se enfrentan a la militarización de las empresas ordenada por el gobierno, con el pretexto de evitar atentados terroristas. Estas luchas se articulan con la movilización de numerosos sindicatos, organizaciones de mujeres, cooperativas que suman su apoyo a los trabajadores en lucha. En el marco de la ofensiva gubernamental, las centrales obreras y la Asociación Nacional de Salvación Agropecuaria (ANSA) confluyen en la creación del Comando Nacional Unitario para enfrentar la ofensiva neoliberal, el ALCA y los tratados de libre comercio. El punto de mayor articulación social se produce durante el paro general del 12 de agosto cuando miles de trabajadores de ECOPETROL, del ISS, del SENA, de la Rama Judicial y del magisterio, entre otros, marchan en Bogotá confluyendo con la ANSA y son brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad.
Entre los procesos de resistencia a las privatizaciones cabe mencionar la lucha de los trabajadores de Petroecuador que realizan un paro nacional con ocupación de las estaciones de bombeo en rechazo a la decisión del presidente Gutiérrez de vender la empresa y los campos de extracción. Frente a las demandas de los trabajadores, el nuevo presidente ecuatoriano decretó la militarización de las instalaciones de la empresa y ordenó el despido de muchos de los trabajadores en huelga. A las acciones de los trabajadores petroleros se suman los paros nacionales en el sector público por aumento salarial de la Unión Nacional de Educadores y de la Federación Médica Ecuatoriana. Si bien estos dos últimos sectores llegan a un acuerdo con el gobierno, estos tres conflictos sirvieron como catalizadores de las profundas diferencias en el seno de la alianza gobernante en torno a las exigencias del FMI y el rumbo de la política económica. Este proceso culminó a inicios de agosto con la salida del gobierno del Movimiento Pachakutik y de la CONAIE, que consumó así la ruptura de los indígenas con el gobierno de Lucio Gutiérrez (véase el artículo de Franklin Ramírez Gallegos en el presente OSAL).
En diversos países de América Central y del Caribe se registraron numerosos y significativos conflictos en el sector público y experiencias de convergencias sociales amplias protagonizadas por actores urbanos. En Panamá, las huelgas de los funcionarios de la Caja del Seguro Social (CSS) por aumento presupuestario y salarial, y de la comunidad educativa exigiendo ampliación de la planta docente, constituyen los puntos más altos de confluencia sectorial, que cuenta también con la participación de obreros y estudiantes en manifestaciones de apoyo a los sectores en conflicto. A mediados de mayo se realiza una marcha contra la política económica del gobierno en la que obreros, maestros, estudiantes, campesinos, productores agropecuarios y transportistas se manifiestan contra el alza de tarifas y las reformas tributarias impulsadas por el gobierno panameño. En República Dominicana se produce un intenso proceso de protestas multisectoriales convocadas por la Coordinadora de Organizaciones Populares, Sindicales y de Transportistas, por el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y el Colectivo de Organizaciones Populares para repudiar la firma de un acuerdo con el FMI, los apagones y el aumento de tarifas y combustibles. En Honduras se realiza a fines de agosto la Gran Marcha de la Dignidad, que recorre las calles de Tegucigalpa en protesta contra la sanción de la ley de agua potable que habilita la privatización de dicho servicio, contra la ley de Servicio Civil y la normativa de titulación de tierras y propiedades. Esta marcha reúne a unas 15 mil personas pertenecientes a las centrales obreras, al Bloque Popular, organizaciones indígenas, médicos, enfermeras y docentes de primaria y secundaria. A estas protestas se suman las de los gremios educativos en reclamo de designaciones docentes y aumentos salariales. En Guatemala, al igual que en el cuatrimestre precedente, se registran movilizaciones de la comunidad educativa (estudiantes, maestros y padres de familia) contra la privatización de la educación pública. Los docentes puertorriqueños realizan acciones en demanda del pago de sueldos atrasados. Sin embargo, el conflicto más significativo en dicho país caribeño es el protagonizado por la Alianza de Empleados Energéticos en rechazo a la potencial privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica de la isla.
Si bien en Venezuela y en otros países tuvieron lugar acciones de protesta protagonizadas por médicos, enfermeras y trabajadores de la salud pública en reclamo de deudas y aumentos salariales, ninguno de estos tuvo la relevancia política del conflicto impulsado por los trabajadores de ese sector en el Uruguay. Iniciado a mediados de julio por la Federación de Funcionarios de Salud Pública en reclamo de aumento salarial y de provisión de medicamentos, la medida obtiene el apoyo del Sindicato Médico del Uruguay, que también decidió un paro de actividades. Ambos sectores se declaran en huelga general y el conflicto se extiende a todo el país con ocupación de hospitales decididas por asambleas de trabajadores. Durante el desarrollo del mismo, el PIT-CNT convocó al sexto paro general contra el gobierno de Batlle, incluyendo como punto central de las reivindicaciones la solidaridad con los trabajadores de la salud pública y la exigencia de creación de un sistema nacional único de salud. Hacia finales de agosto el gobierno instala guardias policiales para impedir la ocupación de nuevas unidades de atención sanitaria, en el marco de un conflicto que se extiende más allá del cuatrimestre analizado.
En el sector privado industrial se destaca la lucha protagonizada en el mes de junio por los mineros bolivianos nucleados en la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros (FENCOMIN) en demanda del cumplimiento de los acuerdos de reactivación del sector minero firmados por el gobierno en el mes de febrero. Durante un bloqueo nacional de rutas se produce un enfrentamiento con las fuerzas armadas que se salda con una brutal represión y la muerte de un trabajador. Hacia fines de junio los bloqueos se suspenden luego de la firma de un nuevo acuerdo con el gobierno. En el sector servicios cabe destacar las protestas protagonizadas en la Argentina por trabajadores del transporte urbano (contra el vaciamiento de la empresa Transporte del Oeste), aeronáutico (Southern Winds, contra el despido de trabajadores) y de subterráneos. También en Venezuela los transportistas exigen mejores condiciones de seguridad laboral.
Si bien el número de acciones de los trabajadores desocupados desciende en comparación con los elevados registros del año anterior, estas protestas siguen guardando una importancia significativa en la Argentina. Se observa la realización de jornadas nacionales de lucha acompañadas por cortes de ruta y manifestaciones frente a ministerios públicos en demanda de planes sociales, becas de estudio y comida. Ante los reclamos de este sector el nuevo gobierno del presidente Néstor Kirchner adoptó una política tendiente a la “cooptación” de algunas agrupaciones “piqueteras” (ver el artículo de Daniel Campione en el presente OSAL), al mismo tiempo que en muchos barrios pauperizados del Gran Buenos Aires militantes de estas organizaciones continúan siendo víctimas de la represión policial. En Bolivia las acciones protagonizadas en el mes de junio por la Asociación Nacional de Desocupados, del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Paz y el MTD de El Alto, muestran una incipiente coordinación nacional de este movimiento en el país andino.
El incremento de las acciones estudiantiles en este período se vincula a los intensos reclamos protagonizados por los universitarios chilenos que, nucleados en la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (CONFECH), obtienen la reprogramación de las deudas por créditos de estudios. En igual sentido señalamos las luchas de los estudiantes panameños que convergen en las movilizaciones de los trabajadores públicos de la CSS.
Conflictos, revueltas y experiencias campesinas
De las acciones del MST a los “Caracoles” indígenas zapatistas
Los profundos cambios introducidos por el modelo agrario neoliberal en la estructura rural de la región suponen nuevos desafíos para los campesinos, los pequeños productores, los trabajadores rurales sin tierra y pueblos originarios, afectados por las consecuencias económicas, sociales y culturales de la expansión del agronegocio. Las luchas contra el neoliberalismo agrario dinamizaron y resignificaron las protestas de estos sectores, entre los cuales se desarrollaron y consolidaron nuevos movimientos de carácter socio-territorial.
Vinculada a la lucha contra los transgénicos, contra la depredación del medioambiente, contra el pillaje de los recursos naturales, contra la concentración creciente de la tierra, y a favor la defensa de las culturas originarias, la problemática agraria “penetró” de forma creciente el espacio urbano y estimuló articulaciones entre actores urbanos y los sujetos de la protesta en el mundo rural. En igual sentido las convergencias en la lucha contra la mundialización neoliberal y el libre comercio se desarrollaron, en los últimos años, como nuevo espacio de articulación política entre movimientos urbanos y rurales.
El dossier que abre este número del OSAL presenta algunas de las experiencias recientes más significativas de los movimientos campesinos e indígenas en América Latina. Sin pretensión de ser exhaustivos, señalamos aquí algunos de los conflictos rurales más destacados del período que dan cuenta de las dinámicas referidas anteriormente y prolongan algunas de las tendencias ya señaladas por el OSAL.
En este segundo cuatrimestre el número total de registros de acciones protagonizadas por campesinos decrece en relación al período anterior. En lo meses aquí considerados estos conflictos representan el 6,8% del total de protestas (8,28% entre enero y abril de 2003). Sin embargo, la importante participación de movimientos campesinos e indígenas en muchos conflictos de carácter multisectorial permite tener una dimensión más precisa de la importancia de estos sectores en la protesta.
En Brasil se observa una activa participación del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en la ocupación de tierras e instalación de campamentos campesinos, concentrados geográficamente en la región central (San Pablo), centro-oeste (Mato Grosso) y nordeste. A través de estas acciones el movimiento intenta presionar al nuevo gobierno para acelerar los tiempos de una reforma agraria integral, que constituyó una de las promesas electorales del presidente Lula (ver el artículo de Bernardo Mançano Fernandes en este número del OSAL). Asimismo el MST realiza ocupaciones de galpones de la Compañía Nacional de Abastecimiento para denunciar la falta de comida en los campamentos y la demora en los procesos de expropiación de tierras. Las ocupaciones, que contabilizan 110 entre enero y junio de este año, van a menudo acompañadas con el bloqueo de rutas federales. En respuesta a las tomas y ocupaciones, un grupo de grandes propietarios rurales lanza la campaña “Invasión Cero”, presionando al gobierno de Lula por haberse reunido con una delegación del MST. Por su parte los Sin Tierra realizan acciones de denuncia contra la formación de milicias rurales por parte de los terratenientes.
En el marco del paro nacional convocado por el Comando Nacional Unitario para protestar contra la política neoliberal del gobierno de Uribe, una multitudinaria marcha de la Asociación Nacional de Salvación Agropecuaria confluye en Bogotá con los manifestantes que apoyan el paro. La marcha agropecuaria –en la que participan delegaciones de más de 20 departamentos de más de 200 municipios que representan a productores agropecuarios, indígenas y campesinos de todo el país– tiene por objetivo el repudio al ALCA y a cualquier tipo de acuerdo de libre comercio y la defensa de la soberanía alimentaria de los pueblos. En Paraguay se producen intensas movilizaciones de campesinos sin tierra y de pequeños agricultores (cultivadores del cedrón), que son reprimidas brutalmente. Un campesino muere durante las mismas. Los manifestantes reclaman indemnizaciones frente al fracaso de las exportaciones y logran el compromiso del gobierno de otorgar un subsidio. Los campesinos sin tierra del país guaraní se movilizan para reclamar el otorgamiento de tierras y para exigir el cese de la criminalización de la protesta y la persecución de sus militantes. Las numerosas movilizaciones de los sin tierra cuentan con el apoyo y la participación de otros sectores en lucha, como la Plenaria Popular y Permanente.
En la zona del Valle del Monzón los campesinos cocaleros del Perú continúan con el proceso de movilizaciones comenzado en el cuatrimestre anterior. A inicios de agosto comienzan una huelga por el retiro de los programas de erradicación de los cultivos de coca y de las ONGs responsables de la implementación de los mismos. Tras más de una semana de huelga y cortes de ruta, el gobierno ordena el retiro de estos programas y la conformación de una comisión de diálogo para buscar respuestas al problema. En Nicaragua miles de ex obreros agrícolas que se definen como campesinos realizan junto a sus familias plantones en el departamento de Matagalpa, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos relativos a la creación de bancos de tierra, titulación de propiedades y cumplimiento de los beneficios sociales. Dichos acuerdos habían sido suscriptos en septiembre del año pasado luego de una intensa y larga lucha protagonizada por los campesinos. Las manifestaciones campesinas realizadas a mediados de mayo en Panamá contra la ampliación de la cuenca del Canal –que prevé la creación de tres lagos artificiales– reciben el apoyo activo de estudiantes, obreros y miembros de la iglesia.
Luego de un período de prolongado silencio, y tras la negativa del gobierno y del parlamento mexicano a reconocer los derechos de los pueblos indígenas de ese país, el movimiento zapatista anuncia en México en el mes de julio la defunción de los “Aguascalientes”, su reemplazo por los “Caracoles” y la creación de las Juntas de Buen Gobierno. Esta iniciativa apunta a fortalecer la experiencia de construcción de municipios autónomos rebeldes y dotar de una nueva práctica y significado los vínculos de solidaridad que los pueblos indígenas zapatistas nucleados en el EZLN establecieron a lo largo de años con otros movimientos sociales y redes de solidaridad internacional. En sucesivos comunicados que componen la Treceava Estela zapatista, el Subcomandante Marcos ratifica durante el mes de julio la oposición del EZLN al Plan Puebla Panamá e invita a la sociedad civil nacional e internacional a participar de la fiesta de nacimiento de los “Caracoles”. El 8 de agosto en la localidad de Oventik miles de indígenas zapatistas e integrantes de la sociedad civil mexicana, junto a movimientos y militantes sociales de otros continentes, participan del acto ceremonial del nacimiento de esta nueva experiencia de construcción de poder por redes de pueblos autónomos. Dada la importancia, significación y reconocimiento regional e internacional que ganó la experiencia zapatista, esta iniciativa constituye sin duda un valioso aporte de ese movimiento a la construcción de alternativas por otro mundo posible (véase el artículo de Pablo González Casanova en el presente OSAL).
Hegemonía norteamericana, militarización social y lucha contra el ALCA
En análisis precedentes (Seoane y Taddei, 2003) señalamos cómo las iniciativas de liberalización comercial son presentadas como una tentativa de salida a la crisis económica regional. La promoción de tratados de acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea se complementa, en la profundización del rumbo neoliberal, con los planes de ajuste fiscal implementados por los gobiernos de la región. A lo largo de los últimos dieciocho meses los Estados Unidos incrementaron la presión y las iniciativas tendientes a lograr un efectivo proceso de liberalización de los intercambios regionales que garantice el predominio de las empresas transnacionales e intereses de ese país en la región latinoamericana. Los gobiernos de Colombia, Ecuador y República Dominicana inician contactos y tratativas con el gobierno norteamericano para la firma de TLC bilaterales.
Estos acuerdos bilaterales, que se complementan y articulan con las negociaciones a favor del ALCA, han sido desde hace un tiempo particularmente significativos en la región centroamericana, y tuvieron como efecto concreto la apertura de negociaciones entre el gobierno de Bush y diferentes gobiernos de la región. Durante este cuatrimestre este proceso pareciera conocer un estancamiento que resulta de la falta de consenso sobre los aranceles de los productos incluidos en los acuerdos por un lado, y a la presión ejercida por las protestas por otro. Durante la ronda de negociaciones entre el país del norte y los gobiernos centroamericanos que tuvo lugar en Guatemala en el mes de mayo, diversas entidades que nuclean a productores agrícolas (granos básicos, arroz) manifestaron su oposición a este tratado, argumentando que los dejará sin fuentes de empleo y alimento. En la misma fecha campesinos e indígenas realizaron cortes de ruta, y miembros de movimientos populares ocuparon la sede del Parlamento Centroamericano para protestar contra su exclusión de las negociaciones. También en ese país se realiza en el mes de julio un encuentro para discutir los efectos del TLC con Estados Unidos y del Plan Puebla Panamá. En el mismo participan delegados de diferentes organizaciones sociales, de ciento cincuenta comunidades indígenas de Guatemala y representantes de treinta y tres comunidades indígenas de Chiapas. En El Salvador diversas organizaciones sociales marchan por el centro de la capital para expresar su repudio a la política del gobierno y a la firma de acuerdos como el TLC con los Estados Unidos, el Plan Puebla Panamá y el ALCA. En los meses de mayo y junio se registran en Costa Rica dos marchas contra el TLC Centroamérica-Estados Unidos. Las negociaciones entre Honduras y Canadá para la firma de un TLC también se estancan frente a la negativa canadiense de aceptar un inmediato ingreso de textiles y confecciones hondureñas a aquel país. A finales de julio se realiza en Tegucigalpa el 4º Foro Mesoamericano por la Autodeterminación y la Resistencia de los Pueblos del que participan doscientos cincuenta delegados de organizaciones campesinas de todo el continente que se pronuncian contra el ALCA. En relación a esta iniciativa hemisférica, es importante señalar las protestas opositoras en Colombia, la realización en Ecuador de la Tercera Asamblea Nacional de oposición al ALCA en el mes de mayo, y el lanzamiento en Uruguay por parte del PIT-CNT de la “Campaña Nacional por la Soberanía y contra el ALCA” que se enmarca en la Campaña Continental contra el ALCA. La Conferencia Continental de Productores Rurales realizada en México en agosto también se posiciona contra el acuerdo de liberalización comercial continental.
El intento de consolidación de la hegemonía comercial norteamericana en la región aparece asociado, en el contexto internacional de la “guerra infinita” del presidente Bush, a la creciente presencia e influencia militar de ese país en Latinoamérica. Los sectores dominantes norteamericanos están persuadidos de que los beneficios potenciales de los acuerdos de libre comercio suponen el control de la inestable situación social en que se encuentra la región. Este principio orienta la redefinición de las políticas de “seguridad regional” de Estados Unidos y sirve para “resignificar” la cruzada contra el terrorismo en América Latina en la criminalización de las protestas y/o movimientos sociales que cuestionen y obstaculicen los planes hegemónicos de la potencia imperial. En esta redefinición de las hipótesis de conflicto resultan decisivos la colaboración y el apoyo de las fuerzas armadas y de seguridad de los países latinoamericanos. Esto permite comprender –en parte– la realización de forma cada vez más regular de ejercicios conjuntos entre fuerzas norteamericanas y ejércitos latinoamericanos. En esta dirección podemos señalar dos cuestiones: la llegada a Paraguay en el mes de junio de infantes de la marina estadounidense para realizar ejercicios combinados con militares paraguayos, y la creciente presión del gobierno de los Estados Unidos para lograr la inmunidad jurídica a las tropas de ese país que operan en el subcontinente.
En respuesta a los procesos de militarización y represión de la protesta social, se organizó del 6 al 9 de mayo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el Primer Encuentro Hemisférico contra la Militarización. En el marco de esta reunión promovida por el Grito de los Excluidos, la Red Chiapaneca frente al Neoliberalismo y Jubileo Sur, entre otras organizaciones, delegados de movimientos y organizaciones americanas y europeas debatieron sobre la desmilitarización, la contrainsurgencia y el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Vinculado al proceso de regionalización e internacionalización del Foro Social Mundial de Porto Alegre, se realizó en la ciudad de Cartagena de Indias un Foro Social Mundial Temático en Colombia organizado para discutir sobre las alternativas de una resolución pacífica y verdaderamente democrática al conflicto armado en ese país.
Esta intensa actividad de articulación de luchas regionales contra el libre comercio y la difusión del “neoliberalismo armado” abonó el terreno para la convergencia de movimientos en la protesta contra la OMC que, fuera del período abordado, se realizó en el mes de septiembre en la ciudad de Cancún, México. El “descarrilamiento” de la OMC puso una vez más de manifiesto la significativa participación y el aporte de experiencias de los movimientos latinoamericanos e internacionales a la construcción de una globalización de la esperanzas y las resistencias y de nuevas experiencias contrahegemónicas y de emancipación social.
Bibliografía
Algranati, Clara 2003 “Luchas sociales y ‘neoliberalismo de guerra’ en América Latina”, en OSAL (Buenos Aires) Nº 10, enero-abril.
Seoane, José y Algranati, Clara 2002 “Los movimientos sociales en América Latina. Entre las convergencias sociales y el neoliberalismo armado”, en OSAL (Buenos Aires) Nº 8, septiembre.
Seoane, José y Taddei, Emilio 2003 “Movimientos sociales, conflicto y cambios políticos en América Latina”, en OSAL (Buenos Aires) Nº 9, enero.
(#)Coordinador Académico del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO
(*)Las sugerencias y comentarios de José Seoane y Clara Algranati resultaron muy estimulantes para la elaboración de este artículo. Agradezco también la colaboración de Ivana Brighenti en la lectura y corrección del mismo. Los informes nacionales elaborados por los integrantes del equipo del OSAL fueron, sin lugar a dudas, de extrema utilidad para la redacción de estas líneas, que intentan reflejar un enriquecedor trabajo y debate colectivo.
Author: Emilio Taddei (#)